Walter E. Williams | 3 de julio de 2013
Los sondeos recientes de opinión muestran una desconfianza creciente en el Gobierno federal. Eso no es una cosa mala del todo.
Los fundadores de nuestra nación reconocían que la mayoría de los abusos humanos eran resultado del Gobierno. Como dijo Thomas Paine: «El gobierno, incluso en su mejor estado, no es sino un mal necesario.» Debido a que temían el abuso, los redactores de la Constitución procuraron mantener limitados los poderes del Gobierno federal.
La Carta de Derechos es explícita en esa desconfianza, al usar un lenguaje como «El Congreso no coartará», «no infringirá» y «no negará». Si los redactores no hubieran creído que el Congreso podía abusar de nuestros derechos naturales, dados por Dios, no habrían previsto esas protecciones. Yo siempre he sugerido que si vemos algo como la Carta de Derechos en nuestro destino siguiente tras la muerte, sabremos que estamos en el infierno. Percibir la necesidad de tener semejante protección en el cielo sería una afrenta a Dios. Sería lo mismo que decir que no podemos confiar en Él.
Otras protecciones de los redactores se encuentran en la separación constitucional de poderes, los controles y balances y algunas provisiones antimayoritarias, como el Colegio Electoral y la votación de los dos tercios para anular un veto.
Las noticias reconfortantes para nosotros es que las legislaturas estatales están comenzando a despertar a su deber de proteger a sus ciudadanos de los actos inconstitucionales del Congreso, la Casa Blanca y una Corte Suprema negligente. De acuerdo con una historia de la Associated Press, alrededor de dos quintos de los estados tienen ahora leyes locales que rechazan o ignoran leyes federales sobre el uso de la mariguana, el control de armas, los requisitos para seguro de salud y normas de identificación para las licencias de conducir. El gobernador de Kansas, Sam Brownback, firmó recientemente una medida que amenazaba con cargos de felonía a los agentes federales que implementaran ciertas leyes sobre las armas de fuego en su estado.
Los legisladores de Missouri elaboraron recientemente la Ley de Preservación de la Segunda Enmienda, que en una de sus partes dice que no sólo es derecho de la Legislatura del Estado controlar el alcance excesivo de las leyes federales sino que «La Asamblea General de Missouri está obligada a vigilar y oponerse a toda infracción de los principios que constituyen la base de la Unión de los Estados, porque sólo una observancia fiel de esos principios puede asegurar la existencia de la nación y la felicidad pública.»
La propuesta de ley declara además que la Asamblea general de Missouri está «firmemente resuelta a apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos contra toda agresión, sea nacional o extranjera». La legislación espera la firma o el veto del gobernador Jay Nixon.
Las cámaras bajas de las legislaturas de Carolina del Sur y de Oklahoma redactaron medidas que anulan el Obamacare basándose en que es una intromisión inconstitucional y una violación de la 10ª Enmienda. Usted puede decir: «Williams, la Corte Suprema de los EE.UU. dictaminó que el Obamacare era constitucional y eso lo resuelve todo. La ley federal es suprema».
Vale la pena escuchar esta advertencia de Thomas Jefferson: «Considerar a los jueces como los árbitros finales de todos los asuntos constitucionales (es) una doctrina verdaderamente muy peligrosa, una que nos podría colocar bajo el despotismo de una oligarquía».
Jefferson y James Madison, en las Resoluciones de Kentucky y Virginia, dijeron: «Se resuelve, Que los diversos Estados que componen los Estados Unidos de América no están unidos bajo el principio de sumisión ilimitada a su gobierno general… y siempre que el gobierno general asuma poderes no delegados sus actos no son autoritativos, son nulos y no tienen vigor».
En otras palabras, escuchemos la 10ª Enmienda a nuestra Constitución, que dice: «Los poderes no delegados a los Estados Unidos por la constitución, ni prohibidos por ella a los Estados, quedan reservados a los Estados o al pueblo, respectivamente». Ese es el mensaje que las legislaturas estatales deberían enviar a Washington este año, durante la celebración de nuestra Declaración de Independencia.