Star Parker | 26 de enero de 2015
La ingeniería social no funciona. El hecho de que, medio siglo después de la aprobación de la Ley de Derechos Civiles, todavía existan en los Estados Unidos vecindarios de bajos ingresos con segregación racial, da testimonio de eso.
La semana pasada, a raíz de la celebración nacional del natalicio del líder de los derechos civiles Dr. Martin Luther King, hijo, la Corte Suprema de los EE.UU. atendió un importante caso relativo a la notable ley que fuera aprobada durante la era de los derechos civiles: la Ley de Alojamiento Aceptable [Fair Housing Law] de 1968.
Este caso resalta cómo algunas políticas que siguieron a la legislación de la era de los derechos civiles – en este caso, los proyectos de viviendas de bajos ingresos del gobierno – en realidad han perjudicado a las mismas comunidades que se suponía que iban a ayudar.
La Corte escuchó deposiciones en el caso del Departamento de Viviendas y Asuntos Comunitarios de Texas contra El Proyecto de Comunidades Inclusivas, una organización no lucrativa que se manifiesta a favor de las «comunidades prósperas racial y económicamente inclusivas».
Nadie pone en duda que es ilegal venderle o alquilarle a alguien a causa de su raza, pero ¿qué me dicen de las políticas que no intentan ser discriminatorias, pero que son capaces de producir resultados que se podrían catalogar de tales?
El Proyecto de Comunidades Inclusivas dice que las viviendas para bajos ingresos subsidiadas por el gobierno, que se construyen invariablemente en vecindarios de bajos ingresos, son discriminatorias, porque obligan a los negros a vivir en los ghettos preexistentes.
Esta reclamación aquí en particular es que el Departamento de Viviendas de Texas debía ser obligado a ubicar sus viviendas de bajos ingresos subsidiadas por los contribuyentes en vecindarios integrados, que les darían a las minorías acceso a mejores escuelas y oportunidades.
El Departamento de Viviendas de Texas y los urbanizadores, no hace falta decirlo, se oponen a la idea, porque elevaría los costos de construcción de las viviendas de bajos ingresos.
Pero, ¿puede realmente considerarse discriminación el proveer a los individuos de bajos ingresos viviendas baratas, subsidiadas por los contribuyentes en áreas que ya son de bajos ingresos y están segregadas racialmente?
Desafortunadamente, independientemente de cómo la Corte Suprema decida este caso, el resultado será una mala política, porque las viviendas para bajos ingresos subsidiadas por el gobierno son una mala idea, sin importar dónde estén ubicadas.
No hay duda de que las preocupaciones del Proyecto de Comunidades Inclusivas son legítimas. Las viviendas del gobierno para bajos ingresos alojadas en comunidades pobres, con problemas, sencillamente hace la vida mucho más difícil para aquellos que ya están atravesando por dificultades.
Pero las malas políticas y las malas ideas van a seguir siendo malas dondequiera que las implementen.
Incluso si de alguna manera se concedieran más fondos de los contribuyentes para esos proyectos, a fin de incentivar a los urbanizadores a construir viviendas más costosas para bajos ingresos, de todas formas serían viviendas del gobierno para bajos ingresos en que los vecinos de todos serían pobres.
Además, ¿vamos entonces a llevar a juicio a los que prefieran mudarse porque no quieren estar en un barrio con viviendas y comunidades de bajos ingresos?
Una sociedad noble y compasiva ciertamente querrá ayudar a los menos afortunados. Pero eso hay que hacerlo de una manera en que no socave la libertad individual de la persona ni el sentido de dignidad y responsabilidad personal.
La manera en que el gobierno podría ayudar a los estadounidenses de bajos ingresos con los costos de las viviendas es simplemente darles un cheque directamente a los individuos, que podrían usarlo para pagar el alquiler dondequiera que el individuo escogiera vivir. No le digan a la gente dónde tiene que vivir, que es lo que hace el gobierno con sus viviendas para bajos ingresos. Eso crea los problemáticos ghettos que el Proyecto de Comunidades Inclusivas comprende que son un problema.
Además, basta de usar el Código de Impuestos sobre la Renta como una herramienta para la ingeniería social. A eso es a lo que conduce el dar créditos fiscales a los constructores para que edifiquen ciertos tipos de viviendas.
La ingeniería social no funciona. El hecho de que, medio siglo después de la aprobación de la Ley de Derechos Civiles todavía existan en los Estados Unidos vecindarios de bajos ingresos, con segregación racial, da testimonio de eso.
¿Qué es lo que funciona? La libertad funciona.
Dejemos que los constructores decidan dónde construir. No tenemos que darles un pasaje gratis en forma de créditos fiscales para que construyan donde los ingenieros sociales del gobierno quieran que construyan.
Y si queremos ayudar a los de bajos ingresos con los costos de la vivienda, démosles un cheque para sufragar los costos del alquiler dondequiera que ellos lo deseen.
Si después esas personas no están satisfechas con el barrio que se pueden costear, la educación, el trabajo duro, los valores tradicionales y la responsabilidad personal siempre han sido la clave para subir por la escala social y económica en los Estados Unidos.
Star Parker (parker@urbancure.org) es una autora y presidenta de CURE, Center for Urban Renewal and Education [Centro para la Renovación y la Educación Urbana].