Melanie Israel | 2 de noviembre de 2016
(The Daily Signal) – En California, si un centro para embarazadas que está a favor de la vida se niega a repetir la propaganda del gobierno estatal, se expondría a una multa administrativa de $500 por la primera vez y de $1000 por cada una de las veces subsiguientes.
Ese es el resultado de una decisión del juicio Instituto Nacional de la Familia y Partidarios de la Vida contra Harris, emitida por un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 9º Distrito de los Estados Unidos. La decisión, dada a conocer en octubre, mantiene una ley de California que obliga a los centros de recursos del embarazo que apoyan la vida a promover el aborto.
En California, la llamada «Ley de Libertad Reproductiva, Responsabilidad, Cuidados Integrales y Transparencia» exige que los centros de recursos del embarazo instruyan a las mujeres cómo recibir «acceso al aborto gratis o de bajo costo» en contradicción directa con su misión de proveer alternativas compasivas al aborto.
Alliance Defending Freedom [Alianza en Defensa de la Libertad = ADF] representó al Instituto Nacional de la Familia [National Family Institute] y a Partidarios de la Vida [Life Advocates] en el caso. Después del fallo, Matt Bowman, abogado principal del ADF señaló que «obligar a esos centros a promover el aborto y a recitar los puntos de vista preferidos por el gobierno es una clara violación de sus derechos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución».
Tiene razón.
Si usted no puede obligar a los restaurantes vegetarianos a repartir cupones para las casas de bistecs de la localidad, ciertamente que tampoco puede obligar a las organizaciones a favor de la vida a dirigir a la gente hacia abortos gratis o de costo reducido. Pero la política del aborto siempre parece distorsionar la lógica y el razonamiento de los jueces y de los responsables de la política, en especial en California.
¿Por qué California ataca a los Centros de Recursos del Embarazo?
Según los datos más recientes de que se dispone a nivel del estado, de 2011, California realizó más abortos que ningún otro estado. La antigua rama de investigaciones de Planned Parenthood, el Instituto Guttmacher, reporta que, mientras el 18 por ciento de los embarazos en los Estados Unidos terminaron en aborto en ese año, en California el 23 por ciento de los abortos resultaron en abortos.
California no tiene virtualmente restricciones para el aborto, tales como los requisitos de un períodos de espera ni consentimiento paternal. El estado es tan favorable al aborto que permite que los dólares del impuesto estatal paguen los abortos, y exige que los planes de seguro médico de los empleados – incluyendo a los empleados de las iglesias – cubran los abortos por elección.
Al enfrentarse a esos desafíos, los centros de recursos del embarazo que están a favor de la vida, no obstante, han tomados muchas medidas para contrarrestar la cultura californiana pro-aborto y ofrecer alternativas a las mujeres. Estas organizaciones proveen servicios, educación, materiales, consejería y opciones compasivas a las mujeres que se están pasando por un embarazo difícil.
Sin embargo, para grupos como Planned Parenthood, NARAL Pro-Choice America, las opciones que apoyan la vida durante una crisis de embarazo son inaceptables por completo. Las organizaciones a favor del aborto atacan con sarcasmo a los centros de embarazo de crisis como que engañan a las mujeres porque no difunden la propaganda pro-aborto, y ponen objeciones a que el estado financie los programas que apoyan la vida, a pesar de que esos centros existen para ofrecer a las mujeres opciones reales aparte del aborto.
No es de sorprender que los partidarios del aborto se aprovecharan de la oportunidad de entorpecer los esfuerzos a favor de la vida. Después de todo, los centros de embarazo de crisis ofrecen alternativas al aborto que respetan la dignidad, tanto de las madres como de sus hijos por nacer.
La industria del aborto, al contrario, está motivada por las ganancias: mientras más abortos se hagan, mejore será el balance financiero de una organización como Planned Parenthood. Los partidarios del aborto están preocupados porque en menos de un año, California ha visto una reducción del 2 por ciento en los proveedores de aborto de todo el estado. La ley de California es esencialmente un servicio de anuncios ordenado por el estado para ayudar a la industria del aborto.
Un asalto peligroso a la libertad de expresión
El fallo de la Corte del 9º Circuito contradice a los tribunales de Texas, Maryland y Nueva York, que han descartado leyes similares que atacaban a los centros de embarazo de crisis.
Se ha presentado un recurso de nueva audiencia solicitando que el pleno de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito escuche de nuevo el caso. Independientemente de lo que suceda después, está claro que los partidarios de la vida continuarán enfrentándose a un medio hostil en California.
La oficina del fiscal general entró en connivencia con Planned Parenthood para elaborar legislación dirigida contra periodistas como David Daleiden, del Centro para el Progreso Médico [Center for Medical Progress] , que continúan desenmascarando la fea realidad acerca de la industria del aborto, incluyendo su desalmada recolección de partes de los bebés. Como se ha mencionado previamente, las iglesias de California continúan siendo forzadas a proveer cobertura de seguros para los abortos.
California se está convirtiendo en la capital del aborto en los Estados Unidos, y su último asalto a la libertad de expresión y a las alternativas al aborto deberán alarmar a todos los americanos que crean en la libertad del pueblo para proveer un cuidado compasivo que esté de acuerdo con sus conciencias.