Andrew Wilford | 2 de marzo de 2018
(townhall.com) – A pesar de una deuda nacional que ha excedido los $20 mil millones y de un gasto que es ya elevado, el congreso recientemente aprobó un presupuesto que eliminará los topes de los gastos y añadirá más de $300 millones a la deuda durante los próximos 2 años. Una razón para la liberalidad del Congreso: la cantidad excesiva de reacciones políticas a cualquier cambio en el destino de los fondos e incluso los más ligeros recortes.
Se anunció recientemente que la Administración Trump recortaría los presupuestos de algunas funciones del Gobierno como la Unidad de Inspección Biológica, una oficina pequeña con un presupuesto de $1.6 millones. Esto fue descrito por el Washington Post como una «sangradura burocrática».
Una oficina de $1.6 millones en un Gobierno de $4,000 millones no es precisamente una «sangradura». Es apenas un alfilerazo.
Cuando se analiza en el contexto general de la Administración Trump, no es siquiera eso — el presupuesto que se menciona arriba eliminó los topes de gastos de la Ley de Control del Presupuesto, que resultaron ser el logro más notable de los republicanos durante la presidencia de Obama.
Sin embargo, cuando los reformadores preocupados por la forma en que se gastan los dólares de los contribuyentes proponen que se suspenda el dinero federal a una colección de plantas muertas, los editores salen de los closets a acusar a los defensores de los intereses de los contribuyentes de estar empeñados en un ataque cruel a las instituciones estadounidenses.
Es perfectamente posible que la Unidad de Inspección Biológica cumpla una función que no pueda realizar ninguna otra base de datos electrónica, pero incluso aunque ese fuera el caso, ¿por qué tienen que subvencionarla los contribuyentes? Si la Unidad de Inspección Biológica cumple con un propósito importante, los filántropos podrían fácilmente mantenerla. Las familias que podrían beneficiarse de una reforma tributaria ulterior, en vez de eso están pagando para preservar especies de ratas ya difuntas desde hace tiempo. Esa debería ser la norma por la cual el Congreso determine si un programa vale la pena de mantener.
Por supuesto, eliminar solamente la Unidad de Inspección Biológica no va a resolver el colosal problema de la deuda nacional. Como lo demuestra incluso esa pequeña oficina, proponer cortes incluso al menos importante de los programas (aunque sea inflando el gasto en otras partes) expone a los políticos a acusaciones de «mutilar» el Gobierno. Aunque puede que no sea la solución de la crisis de la deuda nacional, la falta de voluntad política para eliminar la multitud de programas innecesarios que de por sí cuestan poco no ayuda para nada.
Por ejemplo, la Fundación de la Unión Nacional de Contribuyentes y el Grupo de Investigaciones del Interés Público de los EE.UU., organizaciones en extremos opuestos del espectro ideológico, han identificado opciones presupuestarias mutuamente aceptables que, si se implementan, ahorrarían un total de $263,000 millones en la próxima década. A pesar de este acuerdo bipartidista respecto al beneficio de implementar esas reformas, hasta la fecha no se ha ahorrado ni un dólar de esa reducción del déficit.
Dado que existe ese ambiente, imagínense las consecuencias políticas de señalar que vacas sagradas como la Seguridad Social y el Medicare van por un camino que llevará al país a la bancarrota. Los gastos en subvenciones y el costo del interés de la deuda van en vías de consumir todos los ingresos federales para 2038. Sin embargo, sostener un análisis productivo de cómo resolver las subvenciones desbocadas es casi imposible cuando os que proponen incluso las más modestas reducciones de los gastos son comparados con villanos de una película de horror que esgrimen un cuchillo para mutilar programas importantes.
Los contribuyentes merecen que sus funcionarios electos les rindan cuentas de cómo gastan el dinero que les ha constado mucho trabajo ganar. A nadie le gusta pagar impuestos, pero la falta de una disciplina de gastos por parte del Congreso hace más desagradable el pago. Eliminar o reducir los presupuestos de agencias federales que no tiene que ser mantenidas por los contribuyentes no debe ser objeto de una crítica irreflexiva, sino celebrado como una reforma muy necesaria.