Kelli | 26 de junio de 2018
(Live Action) – Hoy, la Corte Suprema de los Estados Unidos otorgó una victoria de 5-4 a favor de los centros de embarazo pro-vida en el caso NIFLA vs Becerra; un caso en el cual la «Ley Reproductiva FACT» aprobada en California en 2015, intentó forzar a los centros de ayuda para el embarazo a promover el aborto a través de mensajes impuestos por el gobierno. El tribunal sostuvo que la Ley FACT “probablemente viola la Primera Enmienda” y mandó el caso de vuelta a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito para su reconsideración. Según la Agencia Católica de Noticias: “El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que era improbable que el caso contra la ley tuviera éxito por méritos propios. La Corte Suprema anuló esa decisión, diciendo que el Noveno Circuito estaba equivocado al tratar el discurso de los centros de embarazo como una categoría menor de la libertad de expresión simplemente porque era un ‘discurso profesional’”.
El tribunal declaró de manera mayoritaria, a través del juez Clarence Thomas, que “California podría (…) informar a las mujeres sobre sus servicios ‘sin molestar al que comunica el mensaje con un discurso no deseado’, (…) más claramente, a través de una campaña de información pública”.
La “Ley Reproductiva FACT” en realidad se basó en la acusación falsa y no confirmada de que los centros de ayuda para el embarazo son “engañosos” en su publicidad y en sus interacciones con las mujeres que acuden a ellos en busca de ayuda. Sin embargo, en opinión de la Corte, quedó claro que “California negó que la justificación para la Ley FACT era que las mujeres ‘iban [a los centros de crisis de embarazo] y no se daban cuenta qué eran esos centros’”.
La presidenta y fundadora de Live Action, Lila Rose, declaró en respuesta a la victoria obtenida por el movimiento pro-vida:
Los políticos pro-aborto y de Planned Parenthood [Planificación Familiar] de California elaboraron esta ley específicamente para enfocarla contra los centros de embarazo pro-vida. Esta injusta ley ha sido una de las peores ofensas contra los derechos de la Primera Enmienda que hemos visto y muestra los extremos ilegales que la industria del aborto y sus aliados políticos están dispuestos a recorrer para eliminar el punto de vista pro-vida y promover la matanza de niños en el útero. Aplaudimos a la Corte Suprema por defender el derecho de libertad de expresión de estos centros.
Los centros de embarazo pro-vida están haciendo uno de los trabajos más importante en nuestras comunidades actualmente. Ellos están ofreciendo apoyo, educación, suministros para bebés, clases de crianza y cuidados maternos a mujeres necesitadas. Además de ayudar a las mujeres durante el embarazo, a menudo brindan apoyo mucho después de que el bebé haya nacido. Si se hubiera permitido que la ley de California se mantuviera, estos recursos cruciales habrían desaparecido, ya que estos centros hubieran preferido cerrar sus puertas antes que ir en contra de todo lo que creen, anunciando el asesinato de niños por nacer.
Las instalaciones de aborto como Planned Parenthood ya usan millones de dólares de los contribuyentes para promover su negocio del aborto. Nadie debería verse obligado a proporcionar publicidad gratuita para la industria del aborto, y menos los centros de embarazo pro-vida los cuales trabajan para promover la vida, no para destruirla.
En marzo de 2018, Kristi Burton Brown, de Live Action News, informó que los jueces de la SCOTUS [por sus siglas en inglés: Corte Suprema de los Estados Unidos] habían escuchado los argumentos orales del caso y no parecían para nada impresionados con los argumentos de aquellos que buscaban obligar a los centros de embarazo a promover el aborto:
Cuando los argumentos terminaron, tanto los principales medios de comunicación como los analistas legales estuvieron casi de acuerdo en que la ley de California estaba en aprietos. Incluso la notable jueza liberal Elena Kagan y el juez Anthony Kennedy con su habitual voto decisivo, parecían preocupados -inclusive intensamente- por el intento del estado de forzar a un muy reducido grupo de organizaciones privadas a vender el discurso del gobierno.
Mientras que Kennedy votó junto con la mayoría, Kagan finalmente terminó en el lado disidente a la opinión de la Corte.
Brown agregó que la ley “requeriría, en algunos casos, que los centros de ayuda para el embarazo sin fines de lucro, incluyeran una declaración de 29 palabras determinadas por el estado, en un cartel que de otra manera simplemente diría: ‘Elige la vida’”. Estas palabras deberían igualmente tener la misma fuente y tamaño que el resto de los mensajes del cartel. “Además”, dijo Brown, “en algunos condados de California, las 29 palabras tendrían que aparecer en 13 idiomas diferentes”. Brown señaló que la jueza Elena Kagan, designada por Obama, incluso sintió que California “había ‘manipulado’ la ley para, de manera evidente, poner literalmente su mirilla en los centros y clínicas de embarazo”. El Tribunal acordó que este requisito era una carga innecesaria, y escribió que el mismo “ahoga el mensaje de la instalación. Lo más probable es que el ‘detalle requerido’ por este aviso no autorizado ‘eficientemente excluya’, en primer lugar, la posibilidad de tener tal cartel”.
El Tribunal indicó que:
La única justificación [para la Ley FACT] presentada por la legislatura estatal era garantizar que las mujeres embarazadas supieran cuándo estaban recibiendo atención médica de profesionales con licencia, pero California negó que la justificación de la ley fuera que las mujeres no sabían a qué tipo de instalaciones estaban ingresando cuando iban a un centro de crisis de embarazo. Incluso si el estado hubiera presentado una justificación no hipotética, la Ley FACT lastra excesivamente la libertad de expresión. Ésta impone un requisito de divulgación basado en el enunciador y en un guión preconcebido por el gobierno, que está completamente desconectado del interés informativo del estado; requiere que las instalaciones en cuestión publiquen este aviso específico de California, sin importar lo que digan dichas instalaciones in situ o en sus anuncios.
En adición:
(…) El aviso no se limita a “información puramente fáctica e incuestionable sobre los términos bajo los cuales (…) los servicios estarán disponibles”. (…) La notificación de ninguna manera se relaciona con los servicios que ofrecen las clínicas autorizadas. Por el contrario, requiere que estas clínicas divulguen información sobre servicios patrocinados por el estado, incluido el aborto, el cual es un “tema controversial”.
Afortunadamente, la mayoría de los jueces comprendió la artimaña de California y apoyó la libertad de expresión de los centros de ayuda para el embarazo sin fines de lucro, los cuales diariamente ayudan a mujeres y a sus hijos, gracias a las donaciones de individuos de las diferentes comunidades. Como señaló el Tribunal, “la gente pierde cuando el gobierno es el que decide qué ideas deben prevalecer”.