Lauretta Brown | 26 de junio de 2017
(townhall.com) – La Corte Suprema falló 7 a 2 el lunes, a favor de la Iglesia Luterana Trinity en Trinity Lutheran contra Comer, un caso con implicaciones religiosas a nivel nacional que tenía que ver con la negativa de un préstamo para cambiar la superficie de un terreno de juegos.
El caso comenzó en 2012, cuando la Iglesia Luterana Trinity solicitó un préstamo estatal al Departamento de Recursos Naturales de Missouri, destinado a ayudar a escuelas públicas y privadas, centros de cuidados infantiles y otras entidades no lucrativas, a adquirir superficies de goma para terrenos de juegos, hechas de llantas recicladas.
La solicitud del préstamo fue rechazada porque el Departamento tenía en vigor una regla de que «no se tomará ningún dinero de la tesorería, directa ni indirectamente, para ayudar a ninguna iglesia, secta ni denominación religiosa». La Corte Suprema falló hoy que esta política del estado violaba los derechos de la Iglesia Luterana Trinity amparados por la Cláusula de Libre Ejercicio de la Primera Enmienda.
El Presidente de la Corte, Roberts, explica en su opinión que «La Cláusula de Libre Ejercicio “protege a los practicantes de una religión de un tratamiento desigual” y sujeta a las leyes más estrictas de escrutinio que atacan a los religiosos por “incapacidades especiales” basadas en su “estatus religioso”».
«Aplicando este principio básico» -escribe- «esta Corte ha confirmado reiteradamente que negar un beneficio disponible a todos, solamente por causa de la identidad religiosa, impone una penalidad en el libre ejercicio de la religión, la que sólo puede estar justificada por un interés estatal “del más alto nivel”».
Roberts reconoce que la consecuencia de la decisión del estado es “con toda probabilidad, unas pocas rodillas más que se rasparán”, pero concluye que «negar a la Iglesia Luterana Trinity un beneficio público al cual tendría derecho solamente por ser una iglesia, es repulsivo a nuestra Constitución de todas formas, y por tanto, no procede».
Roberts especifica, no obstante, en una nota al pie, que «este caso implica una discriminación expresa basada en la identidad religiosa con relación al cambio de superficie del terreno de juegos. No tenemos que vérnoslas con un uso religioso del presupuesto ni otra forma de discriminación».
El juez Neil Gorsuch, que se adhirió en parte a la opinión de Roberts, escribió: «las leyes de Missouri le impiden a la Iglesia Luterana Trinity participar en un programa de beneficios públicos solo porque es una iglesia. Estoy de acuerdo en que eso viola la Primera Enmienda y me place unirme a casi toda la opinión de la Corte».
La jueza Sotomayor argumentó en su disensión que el caso «no es nada menos que la relación entre instituciones religiosas y el gobierno civil, o sea, entre la Iglesia y el Estado».
«La Corte hoy cambia profundamente esa relación al sostener, por primera vez, que la Constitución le exige al Gobierno proveer fondos públicos directamente a una iglesia» -argumentó ella- . «Su decisión soslaya tanto nuestros precedentes como nuestra historia, y su razonamiento debilita el compromiso de muchos años de este país con la separación de la Iglesia y del Estado, que es beneficiosa para ambos.
»La Iglesia tiene una misión religiosa» -concluye- «una misión que ella persigue mediante el Centro de Cuidados Infantiles. El suelo del terreno de juegos no puede limitarse al uso secular, de la misma manera que la madera empleada para las paredes de la iglesia, los vitrales empleados en sus ventanas, ni los clavos usados para su altar».
El fallo sienta un precedente en contra de las interpretaciones estrictas de la Enmienda Blaine en otros estados, lo que podría ayudar a que las iglesias tuvieran una participación más amplia en los programas estatales.
Carrie Severino, de la Cadena Crisis Judicial, habló con Townhall en abril sobre la importancia del caso. Explicó que la enmienda fue originalmente un intento del Presidente de la Cámara James G. Blaine, en 1975, de impedir la ayuda a las instituciones religiosas, el cual fracasó en el Congreso, pero las legislaturas estatales aprobaron versiones del mismo y 37 estados tienen actualmente provisiones similares en sus constituciones.
Severino llamó a la decisión de hoy «una decisión recia en defensa de la libertad religiosa, que les recuerda a los estados que no pueden excluir a grupos de individuos de los beneficios públicos sencillamente por causa de su religión».
«Aunque es preocupante que dos jueces de la Corte estén negados a sostener esta aplicación de la Primera Enmienda que es de sentido común, me estimula ver que la Corte en general se pronuncia a favor de nuestra primera libertad» -concluye ella.
El profesor Michael Moreland, Profesor de Ley y Religión de la Universidad de Villanueva, llamó a la decisión «una aplicación correcta de un principio de no discriminación con respecto a los fondos públicos».
«La opinión del Presidente de la Corte dice que las instituciones religiosas no pueden ser discriminadas para darles un tratamiento desfavorable en lo que respecta a los beneficios públicos simplemente porque son religiosas. También es significativo que esta interpretación de la Primera Enmienda fuera compartida por siete miembros de la Corte. Solo dos jueces estuvieron en desacuerdo, a favor de una regla estricta separacionista de no conceder fondos a las instituciones religiosas».
«La decisión de hoy de la Corte Suprema afirma el principio de sentido común de que el gobierno no es neutral cuando trata a las organizaciones religiosas de peor manera que a todos los demás» -dijo el Abogado Principal del Alliance Defending Fund, David Cortman, quien argumentó a favor de la Iglesia Luterana Trinity ante la corte Suprema en abril-. «Un tratamiento igualitario de las organizaciones religiosas en un programa que provee solamente beneficios seculares, como un reembolso parcial para el suelo de un terreno de juegos, no quiere decir que el gobierno esté estableciendo una religión. Como halló correctamente la Corte Suprema, un tratamiento desigual que excluya de un programa así a un establecimiento preescolar, simplemente porque es una iglesia la que administra la escuela, es claramente inconstitucional».
La Dra. Grazie Pozo Christie, Asesora de Política de la Asociación Católica, llamó a la decisión «una victoria para las personas de fe, que se unen para hacer el bien mediante sus ministerios y asociaciones cívicas» y añadió: «Hoy la Corte indicó que el excluir a las escuelas cristianas como la luterana Trinity de los préstamos del gobierno usando la enmienda anticatólica Blaine es discriminatorio e indigno de nuestro gran país.».
Con independencia de las implicaciones religiosas de este fallo, los niños que participaron en manifestaciones a favor de la Iglesia Luterana Trinity seguro que se sentirán satisfechos por la decisión.